El jueves 18 de febrero, la secretaria del tesoro de EE.UU., Janet Yellen, impulsó el paquete de estímulo del presidente Biden, de 1,9 billones de dólares, afirmando que era necesario para hacer frente al dolor que sufren los estadounidenses. Rechazó la idea de que pueda provocar inflación en el futuro, tras alegar que los beneficios del paquete superan sus costes. Los casi 2 billones de dólares de estímulo se suman a la previsión de la oficina Presupuestaria del Congreso de que la deuda nacional acumulada de EE. UU. en 2021 superará la totalidad de su PIB, un suceso generado por años de acumulación de deuda de las administraciones tanto demócratas como republicanas.
Cuando apenas ha transcurrido un mes del mandato del presidente Biden, el estímulo será la primera medida legislativa importante que se someterá a votación en el Congreso. El primer mes de Biden se ha caracterizado principalmente por la friolera de 50 acciones ejecutivas, incluidas 32 órdenes ejecutivas, principalmente dirigidas a deshacer las políticas de su predecesor y avanzar en las cuestiones sociales y económicas sobre las que hizo campaña.
- Crisis climática: Reincorporarse al Acuerdo de París (sobre el cambio climático), revocar el permiso para el oleoducto Keystone XL, paralizar las perforaciones en ANWR, elevar el cambio climático a una cuestión de seguridad nacional y comprometerse a invertir en energías renovables.
- Inmigración: Detener la construcción del muro fronterizo, permitir que los inmigrantes irregulares se cuenten en el censo de los Estados Unidos, rediseñar el programa de reasentamiento de refugiados de los Estados Unidos, preservar la DACA, anular la prohibición de viajar a países específicos, crear un grupo de trabajo para reunir a las familias separadas en la frontera, poner fin al programa “Remain in Mexico” y suavizar la aplicación de la ley de inmigración.
- Respuesta a la pandemia de COVID -19: Crear el puesto de coordinador de respuesta ante la COVID-19, imponer el uso obligatorio de mascarillas en zonas federales, solventar la escasez de suministros para la lucha contra la COVID-19, ampliar las pruebas, mejorar la recopilación y el análisis de los datos sobre la COVID-19, alcanzar los 100 millones de vacunas en 100 días, proporcionar orientación sobre la reapertura segura de colegios, imponer el uso obligatorio de mascarillas en varios medios de transporte público y volver a entrar en la Organización Mundial de la Salud.
- Igualdad racial y de género: Promover la igualdad racial en todo el gobierno federal, revocar la comisión 1776, combatir la discriminación por orientación sexual e identidad de género, revocar la prohibición de los militares transgénero, ordenar al HUD que aborde las prácticas discriminatorias en materia de vivienda, combatir el racismo contra los isleños del Pacífico y los estadounidenses de origen asiático, así como ampliar la protección de las personas LGTBI en todo el mundo.
Una escasa mayoría del Partido Demócrata en el Congreso
El 5 de febrero se aprobaron sendas resoluciones en la Cámara de Representantes y en el Senado que permiten aprobar el estímulo con solo una mayoría simple en el Congreso, utilizando una herramienta legislativa llamada reconciliación presupuestaria. Normalmente, la legislación requiere 60 votos en el Senado, pero dado que los demócratas controlan ambas cámaras del Congreso, el partido ve una oportunidad de materializar su agenda sin tener que comprometerse con los republicanos.
No obstante, la mayoría del Partido Demócrata tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado es muy reducida, especialmente en el Senado, con tan solo un escaño de ventaja. Con un ambiente partidista fuertemente presente en los pasillos del Congreso, la agenda del presidente Biden (especialmente los puntos más progresistas) solo llegará hasta donde los senadores y miembros de la Cámara de Representantes, de tendencia más moderada, estén dispuestos a llevarla.
“Echa el freno, Joe”
Tras solo una semana en la presidencia, Biden había firmado 17 órdenes ejecutivas, lo que llevó a The New York Times a declarar: “Más despacio con esas acciones ejecutivas, Joe”. El Consejo Editorial instó al presidente Biden a impulsar su programa a través del Congreso, que es más permanente, a diferencia de las acciones ejecutivas, que puede anularlas fácilmente otra administración.
Biden lo admitió tras firmar las acciones ejecutivas relativas al cambio climático, que anularían varias acciones ejecutivas de la administración Trump al respecto. Indicó que, aunque su administración luchará contra el cambio climático como nunca antes, tendrá que aprobar leyes para numerosas cuestiones que quieren abordar.
Invierta en los mercados estadounidenses
La mayoría de las órdenes y acciones ejecutivas del presidente Biden se han centrado en pocas áreas: la respuesta a la pandemia, la igualdad racial y de género, las políticas relacionadas con la inmigración y la crisis climática. Aunque varias de ellas tendrán algún tipo de impacto económico, es posible que ninguna tenga tanta trascendencia como las dirigidas a la crisis climática, que podrían tener importantes repercusiones en el gasto federal y la reasignación de sus recursos.
La crisis climática y las energías renovables son prioritarias
En una de sus primeras acciones como presidente, Joe Biden declaró que Estados Unidos volvería a entrar en el Acuerdo de París (sobre el cambio climático). Unos días después, firmó una orden ejecutiva para hacer frente a la crisis climática y proclamó que el cambio climático estaría en el centro de su política exterior y de seguridad nacional. La orden ejecutiva supuso la creación de una oficina de política climática dentro de la oficina ejecutiva del presidente, con la incorporación de un asesor nacional sobre el clima.
Cartera de exploración de energías renovables
Inversiones en energías renovables a gran escala
Durante la campaña, Joe Biden desveló un plan de 2 billones de dólares para hacer frente al cambio climático, que ha sido de las primeras cosas en empezar a ejecutar tras asumir el cargo. Las órdenes ejecutivas de Biden tienen dos puntos principales: en primer lugar, aprovechar todas las competencias del gobierno federal para la lucha contra la crisis climática, que incluye fomentar y alentar la innovación y las nuevas tecnologías para la energía limpia, así como utilizar el poder adquisitivo del gobierno federal para invertir en dispositivos que funcionen con energía limpia.
La segunda parte de las órdenes ejecutivas sobre este tema supone dirigirse a la industria de los combustibles fósiles anulando permisos como el del oleoducto Keystone, deteniendo nuevos arrendamientos de petróleo y gas en terrenos públicos, y frenando otras inversiones que facilitarían su expansión. Según una ficha de técnica publicada por el departamento de interior de EE. UU., la interrupción solo afecta a los nuevos permisos, aunque menciona que la industria del petróleo y el gas posee 7700 permisos de perforación aprobados y no utilizados. Reuters citó al presidente de Devon Energy, que espera que sus permisos sean suficientes para seguir perforando durante al menos cuatro años. EOG Resources declaró algo similar, y Occidental mencionó que dispone de más de 200 permisos aprobados. Son las pequeñas empresas las que están preocupadas por la interrupción de los permisos.
El futuro sigue siendo incierto
Aunque el plan de estímulo del presidente ha superado algunos obstáculos, sigue sin estar claro si contendrá toda su lista de deseos. Por ejemplo, existen dudas sobre si incluirá la subida del salario mínimo de 15 dólares que venían impulsando los progresistas. En el futuro, Biden trabajará sin duda para poner en práctica su programa climático, pero necesitará el apoyo de los principales senadores y diputados demócratas que representan a estados y distritos productores de carbón y combustibles fósiles.
De hecho, los congresistas demócratas de Texas ya han expresado su malestar por las medidas de Biden relacionadas con el petróleo y el gas natural, alegando que acabarán con el empleo en su estado. Por otro lado, los defensores de las energías limpias se sienten alentados por la nueva administración. Las organizaciones que representan a las principales compañías aéreas confían en que esta administración facilite las inversiones en energías limpias para que las aerolíneas puedan cumplir sus objetivos en materia de emisiones de carbono.
El impacto económico de las políticas de la administración de Biden podría ser un arma de doble filo: un próspero sector de las energías renovables con fuertes inversiones por parte del gobierno federal y, a la vez, un sector petrolífero y del gas frenado por las normativas y otros obstáculos que reducirán la productividad y conducirán a la pérdida de puestos de trabajo.